Aunque Begoña Gómez Fernández nació en Bilbao el 24 de marzo de 1971, el pueblo natal de su madre era Valderas, un pequeño municipio en el sur de la provincia de León. Por sí solo, este dato no sería necesariamente noticia. Sin embargo, desde que su marido, Pedro Sánchez, asumió la presidencia del Gobierno de España en 2018, muy pocos aspectos de su vida han permanecido ocultos a la opinión pública.
Cuando Begoña vivía en el barrio de La Latina y Sánchez era un político del PSOE que se presentaba a las elecciones municipales, ambos se conocieron en una fiesta en Madrid en 2003. Ainhoa nació en 2005 y Carlota en 2007. Contrajeron matrimonio en una ceremonia civil celebrada en el Hipódromo de la Zarzuela en 2006. Ella fue el principal apoyo de Sánchez durante los últimos veinte años, según la autobiografía de este, Manual de resistencia. Puede que así sea. También es posible que esa misma cercanía sea, en última instancia, lo que más le ha complicado las cosas.
En abril de 2024, el juez Juan Carlos Peinado inició una investigación sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción relacionados con la cátedra académica que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, dando así comienzo al procedimiento judicial que lleva su nombre. El juez sostuvo que Gómez se valió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar sus iniciativas académicas, obteniendo un «acceso privilegiado» a responsables universitarios y empresas tecnológicas. El mismo juez ordenó que el caso fuera a juicio con jurado por los delitos de malversación y tráfico de influencias en septiembre de 2026, poco antes de su jubilación.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la libre absolución, lo que constituye un aspecto destacable de todo el proceso. En sus conclusiones, deja muy claro que «los hechos descritos no constituyen delito». Lograr su absolución es también el objetivo de la defensa. La acusación popular —una modalidad de ejercicio de la acción penal por parte de un tercero— es la parte que solicita una pena de prisión (concretamente, de 13 años) y está encabezada por el grupo de derecha Hazte Oír, que se personó en la causa. Resulta difícil pasar por alto esta discrepancia.
El aspecto académico del asunto ha suscitado su propio debate. En circunstancias normales, Begoña Gómez no habría podido dirigir un máster en la Universidad Complutense, ya que su título de marketing procedía de un centro privado sin acreditación oficial. Alegando «baja demanda» y daños a su reputación, la universidad canceló el programa en octubre de 2024. Anteriormente, entre 2018 y 2022, Gómez dirigió el Africa Center del IE Business School; tanto su nombramiento como la forma en que concluyó su relación con dicha institución fueron objeto de críticas.
Su trayectoria profesional previa era menos conocida. Solicitó una excedencia tras la toma de posesión de su marido, trabajó durante años como directora de consultoría en el Grupo Inmark y participó en diversas iniciativas de sostenibilidad y del sector social. La faceta de su currículum de la que menos se habla es la anterior a su etapa en La Moncloa.
Al analizar el caso desde fuera, da la impresión de que la imagen pública de Begoña Gómez se ha construido de dos formas totalmente distintas según quién hable: bien como víctima de una campaña política orquestada, bien como alguien que se aprovechó de una posición que, de otro modo, no habría conseguido. Si existe una verdad absoluta, probablemente se encuentre en un punto intermedio.
Mientras prosigue el procedimiento judicial —con Pedro Sánchez habiendo convocado elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre y un juicio con jurado aún pendiente de celebración—, Begoña Gómez ha mantenido una actitud notablemente discreta en público.
Ha seguido asistiendo a actos oficiales junto a su marido, pero no ha concedido entrevistas en profundidad sobre el caso. Como medida cautelar, el juez llegó a ordenar la retirada de sus pasaportes en junio de 2026, aunque la Audiencia Provincial de Madrid revocó rápidamente dicha decisión. La cuestión sigue sin resolverse. Y esa puede ser la forma más veraz de describir esta historia: nadie puede predecir todavía cómo terminará.
