Beatriz Biedma Rojano: la jueza que condenó al hermano de Sánchez y acabó convertida en objetivo

Durante años, el nombre de Beatriz Biedma Rojano apenas era conocido fuera de los pasillos de los juzgados de Badajoz. Nació en Córdoba en 1977 y actualmente ocupa el tercer puesto de la Sala de Instrucción, un cargo que casi nunca aparece en las noticias. Sin embargo, estos días no deja de salir en los medios. Y no por voluntad propia.

El prestigio del que goza entre sus compañeros queda reflejado en su trayectoria profesional reciente. Fue elegida jueza decana de Badajoz en 2025 y, tras una votación del Colegio de Jueces en noviembre y la aprobación del Consejo General del Poder Judicial, fue nombrada presidenta del Juzgado de Primera Instancia por el Gobierno en marzo de 2026. El 2 de abril se publicó el Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es difícil evitar la conclusión de que sus compañeros de trabajo ya pensaban que era capaz de soportar la presión.

La investigación que dirigió contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en relación con su nombramiento para un cargo en la Diputación Provincial de Badajoz, fue el caso que más polémica generó en la ciudad y el origen de esa presión. El resultado del caso fue una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos. No debe de ser nada fácil presidir un caso así en una ciudad de tamaño medio donde prácticamente todo el mundo se conoce.

Aún más inquietante es lo que ha salido a la luz en las últimas semanas. El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha recibido documentación de Biedma que respalda sus acusaciones de que fue objeto de una campaña coordinada de acoso destinada a mantenerla al margen del proceso. Pedraz la ha citado a declarar el 8 de octubre tras reconocer que es parte agraviada en el denominado «caso Leire Díez». Actualmente se están llevando a cabo investigaciones sobre todo esto, y es fundamental recordar que se trata de hechos alegados y no de hechos contrastados.

Entre el material que ha presentado figuran 96 enlaces a vídeos de un canal de YouTube gestionado por el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada. En su declaración escrita afirma que, a partir de agosto de 2024, los ataques se intensificaron. En esos vídeos es objeto de comentarios despectivos y acusaciones de corrupción judicial. Añade un detalle más significativo que los demás: según ella, los interlocutores de uno de los vídeos revelan que saben a qué colegio acuden sus hijos.

En junio de este año, la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) emitió el informe 98/2026, en el que se indicaba que era objeto de una investigación. Los agentes afirman que un grupo organizado a través de WhatsApp se reunió en una vivienda de Madrid con el objetivo de desacreditarla y conseguir su recusación. Esa es la hipótesis de trabajo de la investigación; la decisión del tribunal aún está en el aire.

Los clanes son la parte más delicada. El diario de Leire Díez contenía una nota que vinculaba a la jueza con «La Celsa», la jefa de uno de los clanes de Badajoz. En televisión, Cintia Rocho, conocida por ese apodo, afirmó que dos hombres le dieron la dirección de la magistrada y fotos de la jueza y sus hijas. Según su relato, ella se negó a participar. La semana pasada, la UCO se desplazó discretamente a Badajoz para recabar declaraciones de testigos.

Biedma ha decidido mantener en secreto la identidad de sus testigos por el momento. Quiere asegurarse de que su testimonio no se vea viciado y evitar que los medios de comunicación los localicen. Aunque esto suscita inquietudes sobre en qué medida —y cuándo— se podrán presentar las pruebas, se trata de una precaución razonable.

Queda por ver qué sucederá el 8 de octubre. Lo que sí es evidente, sin embargo, es que una jueza que desempeñó sus funciones durante una investigación complicada se ha visto sentada ante otro juez, esta vez en calidad de víctima. Ese cambio de roles tiene algo de extraño y, cuando se reflexiona con calma, resulta difícil evitar sentirse incómodo.