Hay jueces cuyo nombre nunca se retira del tablón de anuncios del juzgado a lo largo de toda su carrera. Nacida en Córdoba en 1977, Beatriz Biedma Rojano parecía destinada precisamente a una carrera así, tan modesta. En su cargo de presidenta del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz, se ocupaba de asuntos que rara vez acaparan la atención pública, como expedientes, plazos, guardias y los conflictos cotidianos de una ciudad de tamaño medio.
| Dato | Información |
|---|---|
| Nombre completo | Beatriz Biedma Rojano |
| Nacimiento | Córdoba, 10 de mayo de 1977 |
| Edad | 49 años |
| Profesión | Magistrada |
| Destino actual | Titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz |
| Cargo de gobierno judicial | Presidenta del Tribunal de Instancia de Badajoz (2026); elegida decana en noviembre de 2025 |
| Nombramiento | Real decreto en marzo de 2026 |
| Caso que la hizo conocida | Investigación sobre la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz |
| Origen de la causa | Denuncia de Manos Limpias admitida a trámite en 2024 |
| Cierre de la instrucción | Noviembre de 2025, con remisión a la Audiencia Provincial |
| Procedimiento actual | Caso Leire Díez, Audiencia Nacional (juez Santiago Pedraz) |
| Condición en ese caso | Acusación particular, como perjudicada al menos por un delito de calumnias |
| Declaración | 8 de octubre de 2026, 10:15 h |
| Hechos que denuncia | Intentos de obtener información sobre ella, desacreditarla y apartarla del caso |
| Decisión pendiente de Pedraz | Nuevas diligencias según su declaración; rechazó, por ahora, investigar unas anotaciones de las agendas de Leire Díez |
Esto cambió en 2024, cuando la Diputación Provincial de Badajoz contrató a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, según una denuncia presentada por Manos Limpias. A partir de entonces, su nombre comenzó a aparecer en programas de entrevistas y titulares. En noviembre de 2025, concluyó la instrucción y remitió el caso a la Audiencia Provincial. Para muchos, ahí terminó su papel. Quizá fue el comienzo de la etapa más incómoda para ella.
Al fin y al cabo, supervisar una investigación de este tipo requiere algo más que limitarse a leer informes. Implica ser consciente de que cada diligencia procesal será analizada al detalle en tiempo real, en medio de una mezcla de sospechas y aplausos interesados. Medios como Vozpávuli han destacado sus modestos comienzos, lo que pone de relieve su carácter: es una funcionaria de carrera que ha ido ascendiendo discretamente en la jerarquía, en lugar de una figura procedente de los círculos de poder de Madrid.
Aun cuando el caso aún estaba pendiente, ese ascenso continuó. Fue elegida decana por la Junta General de Jueces de Badajoz en noviembre de 2025, y este año asumió la presidencia del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad tras ser nombrada por real decreto en marzo. Se trata de un cargo administrativo en el que prima más la coordinación que la toma de decisiones. Es difícil no ver esto como un voto de confianza por parte de sus compañeros de trabajo, ya que se trata de un asunto de gran relevancia.
La sorpresa vino de donde menos se esperaba. Tras encabezar una investigación con importantes ramificaciones políticas, la magistrada aparece ahora como parte agraviada en otro caso, que el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, está investigando actualmente en relación con actuaciones atribuidas a Leire Díez y otras personas. Según todas las fuentes, ella insiste en que se intentaron obtener datos sobre ella, desacreditarla profesionalmente y promover medidas para apartarla del caso.
La Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil ha examinado las comunicaciones y los intercambios relacionados con la jueza, incluido un grupo de WhatsApp en el que figuraban varios sospechosos. Declaró el 8 de octubre después de que el juez Pedraz le concediera la condición de acusación particular, considerándola parte agraviada «al menos en lo que respecta al delito de difamación», basándose en los hechos denunciados. En los titulares recientes se ha mencionado un clima de acoso. Pero es importante tener en cuenta que estos incidentes aún se están investigando y que los implicados tienen derecho a la presunción de inocencia.
Además, hay un matiz que queda oculto entre el ruido de fondo. Pedraz aún no ha dado su visto bueno a todas las líneas de investigación solicitadas por la jueza. Basándose en determinadas anotaciones de las agendas de Leire Díez, se negó a iniciar procedimientos específicos porque consideró que no había pruebas suficientes para determinar su importancia o si tenían relevancia penal. Esto sirve para recordar que la sospecha no es una prueba y que se trata de una precaución razonable.
Aún queda una pregunta sin respuesta: ¿qué sucederá cuando se disponga de más información sobre lo que ella le contó al juez? Su testimonio podría dar lugar a nuevas actuaciones, o tal vez quede sin resolver. Parece evidente que un juez provincial, cuya función era mantener un perfil bajo, se ha convertido en un ejemplo de los elevados gastos que, en ocasiones, conlleva investigar un caso incómodo.
